Comunicado ante la «especulativa» denuncia de una expropiada en 2010 para la obra de la Residencia

Al hilo de la información publicada en el diario La Nueva España el pasado miércoles, 19 de febrero de 2020 (sección Asturias, página 18 en la versión impresa), haciéndose eco de las críticas y acciones judiciales de una de las personas supuestamente perjudicadas por las expropiaciones previas a la construcción de la Residencia de Mayores de Felechosa, con la admisión por parte de la juez que instruye el llamado Caso Hulla, que dirime las presuntas irregularidades que pudieron cometerse durante la realización de las obras de construcción de esta infraestructura con fondos mineros, el Montepío de la Minería Asturiana debe precisar sobre este asunto concreto lo siguiente:

Quienes reinician procesos o demandas judiciales hoy creyendo que el Montepío y la Residencia de Felechosa están en una posición de debilidad y frente a quienes creen que “a perro flaco todo son pulgas”, manifestamos que no todas las pulgas del tema referido son de este perro.

Previo al desarrollo de la obra, iniciada en 2010, el Montepío compró 8 fincas para el proyecto de Residencia, que, como consta en el expediente, fueron vendidas voluntariamente y al valor del suelo rural con el que estaban calificadas entonces, por vecinos que vieron en ese necesario paso una oportunidad de empleo y vida para los vecinos del Alto Aller. Esos propietarios también lo fueron gracias al esfuerzo de sus abuelos, cuando aún el proyecto era solo una posibilidad de reactivación para su pueblo, y tan solo pusieron como condición que el precio pagado por metro cuadrado fuese igual para todos, sin especulaciones.

La reclamante, la Sra. Flor González Muñiz, tiene en su poder una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con fecha 15 de mayo de 2017, muy clara, sobre los hechos que ahora vuelve a reclamar al calor del Caso Hulla. La sentencia dice:

 “La demanda se apoya en la consideración del suelo expropiado como urbanizable para pretender su valoración como urbano, planteamiento que no se ajusta al dato incuestionable de que el suelo afectado están en situación de Suelo Rural, al tiempo de la vigencia de la Ley del Suelo de 2008, siendo posteriormente cuando por Acuerdo del 15 de enero de 2010 de la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) se modifica de Suelo no urbanizable de interés agropecuario (SNU- artículos 117.1 y 1391.1 TROTUA) a Suelo urbanizable de carácter dotacional”.

Cabe recordar que para esos cambios en la catalogación del suelo, previos al desarrollo de las obras de construcción, tanto el Gobierno del Principado de Asturias, como el Ayuntamiento de Aller habían declarado el proyecto de “Utilidad Pública y Social”, dado el interés general de que la actividad saliera adelante como un proyecto dinamizador y generador de empleo en una zona sensible de las comarcas mineras, razón que justificó su inclusión en el listado de acciones de fondos mineros. Hoy el proyecto, del que lo que se investiga es estrictamente el proceso de construcción de su infraestructura, no su necesidad dotacional, genera cien empleos directos en zona rural (el 85% femenino y el 95% de la comarca) y da servicio de atención a mayores a 167 familias, generando de manera alternativa una oferta social y cultural en la que participan cientos de personas.

Es decir, al hilo de la sucesión de los hechos, la Sra Flor González Muñiz pretendía sin justificación alguna que se le pagase ya su finca como suelo urbanizable, lo que deja en evidencia que su interés era puramente económica, y por ello nada sentimental, como alude en la referida información.

Es más, por otra parte, esta señora no impugnó el Planeamiento Urbanístico que facilitó el desarrollo del proyecto. Tal fue el despropósito manejado como argumentario de su reclamación, que el TSJA la condenó al pago de las costas judiciales, que en un proceso Contencioso-Administrativo como éste, no es muy habitual.

Finalmente indicar que la Sentencia que desestimó la demanda de la Sra. Flor González no fue ni recurrida, ni siquiera interpuesto el Recurso de Casación al que tenía derecho, y por tanto fue asumida, de ahí que valoremos su movimiento judicial actual, aprovechando la cobertura mediática del Caso Hulla como un movimiento puramente especulativo, más que de corrección de supuestas injusticias.