Informe jurídico ante la creación de una asociación de mutualistas

Informe jurídico ante la creación de una asociación de mutualistas

La Comisión Ejecutiva Regional del Montepío de la Minería Asturiana informa, al hilo de la actividad y pronunciamientos públicos de la autodenominada Asociación de Mutualistas del Montepío de la Minería Asturiana, creada por el ex directivo de la entidad, Alberto Rubio, que:

En aras a dejar clara la situación a la sociedad asturiana, y en particular a sus 11.000 familias mutualistas, la entidad solicitó hace unas semanas un informe jurídico para determinar la naturaleza y legitimidad de dicho grupo o colectivo y adoptar medidas, en caso de que fuera necesario.

Dicho informe señala que, más allá del reconocido derecho asociativo, se “incumplen” varias condiciones legales del proceso regulador de este derecho: la primera y más importante, que “el propio nombre de la Asociación induce a error y confusión, puesto que su uso vulnera los artículos 8.1 y 3 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a Asociación en España”.

Además, la citada Asociación de Mutualistas, creada al margen del Montepío y Mutualidad original y de su Reglamento Estatutario, “carece de legitimidad para el ejercicio de cualquier tipo de actividad o representatividad en el seno de la entidad, pues esa legitimidad la ostenta única y exclusivamente los socios mutualistas y los socios protectores, ya organizados y estructurados democráticamente”.

El informe jurídico deja claro que “la Comisión Ejecutiva Regional es quien determina las condiciones para la adquisición de la condición de “socio protector de la Mutualidad”. Tratar de alcanzar éste “estatus” por vía distinta “no daría derecho a la integración en los órganos de gobierno, careciendo de voz y voto, habida cuenta que los Estatutos dejan claro que solo podrán ser socios protectores del Montepío los “sindicatos representativos” o “las empresas” con actividad en el sector minero en Asturias, únicos agentes a los que se les reconoce esos derechos”.

“Ninguna Asociación puede”, por tanto, “cubrir las vacantes que se haya producido como consecuencia de la renuncia o desaparición de uno o varios socios protectores, sindicales o empresariales”, únicos agentes a quienes “en función de su representatividad social podrían participar y someterse a voto o elección por la Asamblea General de Mutualistas”, a quien corresponde finalmente facultar mediante votación y elección el acceso a la Comisión Regional, con voz y voto, y, ésta, determinar sus órganos de gobierno”.

El informe jurídico redactado concluye que la creada Asociación de Mutualistas “puede tener un fin lícito, pero siempre será a extramuros del Montepío, pues carece de toda legitimidad y legitimación, al no cumplir con los requisitos que imponen los Estatutos”, no contando, ni siquiera, con la condición de ser sindicato representativo, “cuya función y finalidad es, de hecho, radicalmente distinta a la de una asociación”.

Finalmente, la dirección del Montepío recuerda que dicha Asociación nació tras la evidente negación del pronunciamiento democrático mayoritario de la Asamblea General de Mutualistas celebrada en junio de 2016.También se recuerda que la Mutualidad se encuentra inmersa en un debate interno democrático en la que todas las partes y sensibilidades están representadas, de hecho la mitad de las Juntas Locales (8) están presididas por miembros de CC OO que, al mismo tiempo, participan en los órganos de dirección y control de la Mutualidad. Y a su vez, se ha abierto la puerta a la participación de los socios familiares (no mineros), como grupo de trabajo de carácter consultivo. Por tanto, por respeto a los mutualistas y a su Reglamento no se van a permitir atajos o subterfugios que vayan contra la voluntad de la Asamblea, de sus órganos de gobierno y, sobre todo, contra los Estatutos y los intereses generales de la entidad, puesto que esta asociación, “que se arroga la emisión de certificados de honestidad, transparencia y pureza mutualista”,  “tiene un fin político de defensa de interés particulares de grupo, de claro desgaste de la dirección de la Mutualidad, sin importarles la erosión o repercusión social y de las actividades que desarrolla el Montepío, y por tanto del perjuicio o consecuencias que ello genera al conjunto de 11.000 familias mutualistas”.