Asesoría Social: Especial Nuevo ingreso mínimo vital, requisitos, renta y simulador

El ingreso mínimo vital (IMV) anunciado hace unos días por el Gobierno de España ya está en marcha y las dudas han empezado a surgir: ¿quién puede cobrarlo y cuánto percibirá? por eso hemos creído conveniente desde nuestra Asesoría Social Montepío publicar este artículo para despejar dudas y ponernos a vuestro servicio en montepio@montepio.es para cualquier cuestión que preciséis aclarar. Empezamos:

El ingreso mínimo vital (IMV) ya está en marcha después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado del 1 de junio de 2020. Desde ahora los ciudadanos que lo necesiten, cumplan los requisitos y lo soliciten podrán disponer de un ingreso mínimo al que el Gobierno ha dado consideración de «nuevo derecho que asegura una red última de seguridad para todos y todas». «Esta medida garantizará que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente.

Este nuevo ingreso es una prestación no contributiva de la Seguridad Social pensada para reducir la pobreza y fomentar la inclusión social que, como ocurre con las pensiones de jubilación o desempleo, podrá percibirse si se cumplen los requisitos establecidos. Así, las arcas públicas garantizarán en las cuentas de 850.000 familias, según las previsiones del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, un mínimo de 462 euros al mes —la cantidad correspondiente a un adulto que vive solo—, que suponen un gasto público de 3.000 millones de euros al año.

Pero, ¿quién podrá solicitarlo y cuánto cobrará exactamente?

  • Tener entre 24 y 65 años, o 18 si hay menores a cargo.
  • Haber cumplido un año de residencia legal en España.
  • Haber vivido independientemente al menos 1 año en caso de familias y 3 años en caso de personas solas.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • Estar inscrito/a como demandante de empleo.
  • Tener unos ingresos máximos mensuales de 452 euros en el caso de una persona adulta que viva sola y de 149 euros más al mes por cada persona adicional, adulta o menor, que conviva en la unidad de convivencia hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Los cálculos se pueden hacer sobre el año anterior al momento de la solicitud, o, para atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del covid-19, calculando si los ingresos obtenidos desde el inicio del año actual hasta el momento de su petición estarían por debajo de la cifra máxima para solicitarlo.
  • Cumplir con los límites del patrimonio establecidos. El máximo permitido es de tres veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos, restando posibles deudas que se tengan y sin tener en cuenta el valor de la vivienda habitual. Además, el límite de patrimonio neto también aumentará según el número de las personas que vivan en la unidad de convivencia.

Como ayuda para calcular los límites de patrimonio neto, estos son los casos más habituales:

Se contemplarán, según el Gobierno, circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género y otras que afectan a la demanda de empleo.

¿Cuánto se percibirá en cada caso?
La renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital es de 462 euros al mes para una persona adulta que vive sola. Así, esta cifra se va incrementando en 139 euros al mes por cada persona adicional, sea esta adulta o menor hasta llegar a los 1.015 euros al mes. Además, se sumarán 100 euros al mes para las familias monoparentales.
Estos son los supuestos más habituales:

Cantidad percibida por el Ingreso Mínimo Vital

Esto no significa que todos los beneficiarios vayan a recibir como mínimo 462 euros, pues según se explica en el Artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2020 del 29 de mayo por el que se establece el IVM, la cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de las personas beneficiadas siempre que el montante resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. Así el IVM podrá abarcar para una única persona que vive sola, desde los 10 euros hasta los 462.

Si tienes dudas sobre si puedes cobrar o no el IMV y cuál es la cuantía que te correspondería en caso de que sí puedas recibirlo, puedes hacer tú mismo la comprobación incluyendo tus datos en el simulador que ha elaborado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que está disponible aquí.

Esta renta se cobrará de manera mensual en 12 pagos. Se trata de una prestación indefinida, por lo que se seguirá cobrando mientras dure la situación de falta de ingresos, aunque su cuantía se adaptará en el caso de aumento o pérdida de ingresos laborales o de otro tipo con los que no sea compatible.

La solicitud de esta prestación podrá hacerse desde el 15 de junio a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. La documentación podrá enviarse también por correo ordinario.

Los documentos que deberán presentarse a la Seguridad Social para percibir el IMV son los siguientes:

  • DNI, libro de familia o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE o autorización de residencia.
  • Certificado de empadronamiento.
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento o libro de familia, certificado del registro civil o inscripción en el registro de parejas de hecho.
  • En casos de separación o divorcio, la unidad de convivencia se acreditará con la presentación de la demanda o resolución judicial.
  • Si la solicitante es víctima de la violencia machista, se debe aportar una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima. También puede servir un informe de los servicios sociales o del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
  • La situación de demandante de empleo de deberá acreditar con el documento expedido a tal efecto por una administración competente.

Aunque falta la aprobación del reglamento, hay dudas sobre su aplicación y su concurrencia con el Salario Social Básico. A pesar de que son tiempos complicados para los Servicios Sociales por la crisis COVID19, seguimos avanzando con la consecución de nuevos derechos, puede ser, o debiera, un punto de inflexión para el sistema y la garantía de Rentas.